La eficiencia institucional, un gran reto para la competitividad del sector constructor

    El exceso de trámites, la cantidad de reglamentos y la vulneración a las licencias en algunos municipios del país desestimulan el desarrollo de la actividad edificadora.

    Cartagena, septiembre 1 de 2017

    De acuerdo con la presidente de Camacol, Sandra Forero Ramírez, “La hoja de ruta para las inversiones en proyectos de construcción es la planificación territorial y en esa materia tenemos un enorme rezago por la ausencia de información de calidad, que en muchos casos es fuente de subjetividad. Con una actividad que se intensifica y crece regionalmente, la calidad de la información es fundamental”.

    En la actualidad el 60% de los municipios definieron inadecuadamente su perímetro, en el 62% no existe plano cartográfico; en el 21% de los POT el plano no está geo-referenciado; el 97% no tiene estudios de amenaza de riesgo; el 32% no clasificó los suelos de expansión, el 50% determinó suelo de expansión sin criterios o basados en una información adecuada; y en el 61% se limitó erróneamente su suelo de protección ambiental.

    Al cuantificar el valor de las ineficiencias institucionales en el proceso de construcción, el impacto en el sector supera los 2 billones de pesos anuales, un 8% del total de las inversiones, debido principalmente a la limitada movilidad de suelo urbanizable por la escasez, el incremento de los precios y la incertidumbre; también por demoras y sobrecostos a lo largo del desarrollo de los proyectos de tipo financiero, tributario o por el aumento de precio insumos de construcción. Ese valor equivale a, por ejemplo, 75.000 subsidios de Vivienda de Interés Social o la inversión anual en vivienda nueva de Barranquilla.

    Las edificaciones deben construirse de acuerdo con los parámetros técnicos, desde las propuestas hasta las licencias urbanísticas. En ese sentido, “es importante que el estado propicie escenarios para que se construya con estudios técnicos como base, y en ese contexto, el sector privado debe contribuir para que tales escenarios se cumplan”, concluyó Juan Manuel González Garavito, socio fundador de Pinilla, González & Prieto.