• En los últimos 3 años, el sector constructor de edificaciones ha registrado uno de los peores desempeños en 2 décadas, excluyendo la pandemia. Frente a este panorama, tres de los más importantes gremios del país presentaron las propuestas para desarrollar una política habitacional que permita reducir el déficit habitacional; facilitar el acceso por parte de los hogares de bajos ingresos y la clase media, e impulsar la reactivación del sector, para promover la inversión y el empleo.

En el marco del foro ‘Por una Colombia en Crecimiento 2026–2045’ se dio a conocer un análisis sobre el problema habitacional del país, la propuesta de una política de vivienda de mediano y largo plazo, y los impactos sociales y económicos de la implementación de la propuesta. 

La presentación de las iniciativas, que se entregarán al próximo gobierno, estuvo a cargo de Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, quien destacó el trabajo realizado por CAMACOL, Asobancaria y Asocajas, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para consolidar el documento.

Según Mejía, “el ejercicio va más allá del cuatrienio 2026 – 2030 y traza una ruta de largo plazo que confirma que una buena política habitacional es una herramienta poderosa de desarrollo”. 

El análisis advierte que, en los últimos 3 años, el sector vivienda ha registrado uno de los peores desempeños en 2 décadas, excluyendo la pandemia. La participación de la construcción de edificaciones en el PIB se redujo del 4% en 2016 al 2% en 2025, mientras que la inversión en vivienda cayó de niveles cercanos al 5% del PIB a apenas 3%. Las ventas de vivienda han caído cerca de 45%, los lanzamientos más de 50% y las iniciaciones de obra alrededor de 40%.

Por primera vez, tres de los gremios más importantes del país: Camacol, Asobancaria y Asocajas, con el apoyo del BID, generaron una alianza para presentar propuestas conjuntas al próximo gobierno, con el propósito de facilitar el acceso a la vivienda de los colombianos, reducir el déficit habitacional, y reactivar el sector de la construcción. 

Para Juan Lozano, director de La FM y moderador del panel en el que se presentaron las propuestas, la presentación de éstas marca un hito en la historia de la política habitacional. “Aquí hay una ruta que es realista, que está concertada, que busca recuperar para Colombia todos los horizontes de cumplimiento de expectativas y aprovechamiento de oportunidades.  De verdad que es una ocasión feliz; yo creo que, si uno hiciera los hitos de la formulación de las políticas de vivienda en Colombia, este ejercicio habría que subrayarlo y marcarlo como el inicio de algo extraordinario”.

Recuperar Mi Casa Ya y más propuestas

Las propuestas plantean la necesidad de recuperar el programa Mi Casa Ya (MCY), que benefició a más de 350.000 hogares durante su operación. En ausencia de subsidios, solo 3 de cada 10 hogares no propietarios logran adquirir una vivienda formal; en cambio, con los subsidios de MCY el 70% de los hogares de bajos ingresos acceden a una vivienda de interés social (VIS). La implementación de una segunda fase del programa, más eficiente, progresivo y con menos trámites, tendría un costo fiscal hasta 40% menor al de la primera fase, y permitiría beneficiar cerca de 250 mil hogares en los próximos 4 años. 

De otro lado, en un contexto de tasas de interés elevadas, se propone beneficiar, con coberturas a la tasa, al menos a 80 mil hogares de bajos ingresos y de clase media que adquieran vivienda nueva en los próximos 4 años. El objetivo de profundizar el crédito de vivienda también implica implementar mecanismos de garantía para otorgar créditos de adquisición y mejoramiento de VIS, así como la creación de instrumentos e incentivos tributarios que permitan obtener tasas de interés más bajas para financiar la construcción y la adquisición de vivienda con certificados verdes.

Por su parte, los hogares con ingresos inferiores a 1 salario mínimo y la población vulnerable requieren subsidios diferenciales y de mayor valor para acceder a viviendas de interés prioritario (VIP) urbanas y rurales, con la concurrencia de aportes de las entidades territoriales. También se propuso la asignación de subsidios de arrendamiento temporal para esta población, para permitirles generar un ahorro para la adquisición posterior de la vivienda.

En el análisis se señaló que Colombia ha tenido un proceso de urbanización acelerado. Por lo tanto, se requiere implementar mecanismos de habilitación de suelo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, así como reducir y simplificar los trámites, permisos y reglamentos requeridos para la construcción de edificaciones.

También se propone un marco normativo que facilite la financiación privada de cargas generales, para la ejecución de infraestructura vial y de servicios públicos. Además, la regulación de incentivos al desarrollo de proyectos de renovación urbana, para recuperar las áreas deterioradas de las ciudades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Gremios participaron en panel

Las propuestas fueron analizadas durante el panel de vivienda y desarrollo urbano en el que participaron Guillermo Herrera, presidente de CAMACOL; Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria; Carlos Mauricio Vásquez, presidente encargado de la junta directiva de Asocajas; y Roberto Moreno, presidente de Amarilo.

El presidente de CAMACOL reiteró que “se deben eliminar los obstáculos regulatorios y adoptar incentivos tributarios para desarrollar proyectos de arrendamiento especializado” y agregó que “también deben existir incentivos para los extranjeros y los colombianos interesados en adquirir vivienda nueva con recursos provenientes del exterior, teniendo en cuenta que en 2025 Colombia recibió más de 13.000 millones de dólares en remesas, y el 10% de las ventas de vivienda se realizó a población no residente en el país”.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, señaló que “la política de vivienda requiere de licencia social, como validador de esa política de estado. De la misma manera insistió en que es imposible pensar en una política de vivienda exitosa sin el sistema financiero”, pues el crédito es un elemento que evita la precarización de la vivienda formal y es esencial para que los hogares puedan adquirirla. Enfatizó que debe ser una meta del próximo cuatrienio alcanzar la construcción de un millón de viviendas nuevas, para atender la demanda que generan los nuevos hogares que se forman cada año y reducir el déficit habitacional actual.

Concluyó su participación resaltando que es necesario dar a conocer los grandes impactos económicos y sociales que genera una política de vivienda eficiente, y mantener la alianza de los sectores de la construcción, Cajas de Compensación y entidades financieras, para impulsar programas e instrumentos que sean sostenibles a largo plazo.

Por su parte, Carlos Mauricio Vásquez, presidente encargado de la Junta Directiva de Asocajas, aseguró que la vivienda es una herramienta fundamental de bienestar y movilidad social para las familias colombianas. “En los últimos cinco años, las cajas de compensación hemos acompañado cerca de 310 mil hogares con recursos cercanos a $10 billones en subsidios para vivienda nueva, arrendamiento y mejoramiento, logrando reducir cerca de un 40% las renuncias a subsidios”.

Roberto Moreno, presidente de Amarilo, afirmó que “Colombia necesita volver a pensar en grande y construir confianza con reglas claras y visión de largo plazo para garantizar que más familias puedan acceder a vivienda propia”.

Finalmente, María Camila Uribe, representante del BID, destacó que, “aunque no siempre se nombre explícitamente, la política de vivienda es la que tiene más capacidad de transformación, y desde el BID seguiremos apoyándola con financiamiento y mucha convicción, porque es el camino para que las familias salgan de la pobreza”.