• Durante el desarrollo del panel de Energía en el evento “Por una Colombia en crecimiento 2026-2045”, se hizo un llamado para asegurar la entrada oportuna de los proyectos del sector y pagar las deudas con las empresas eléctricas, así como repensar la transición energética y trabajar por el acceso universal a este recurso.

El año 2026 marca un punto de inflexión para el sistema energético colombiano. Tras décadas de avanzar a paso firme en cobertura, confiabilidad e inversión privada, la realidad nos muestra que la matriz nacional está bajo una tensión silenciosa pero profunda. Reservas de gas que caen de forma acelerada, rezagos críticos en infraestructura y señales de inversión debilitadas son las alarmas que hoy empiezan a encenderse.

En el marco del evento “Por una Colombia en crecimiento 2026-2045", organizado por Camacol, ANIF y el Consejo Privado de Competitividad, entre otros aliados, Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), lideró el análisis del eje energético con un llamado claro: el país necesita, de manera urgente una hoja de ruta responsable, realista y coherente que evite una crisis fiscal y de suministro en los próximos años.

“Hay tres razones por las cuales nos tiene que importar la energía”, reflexionó González al iniciar su intervención. “Una de ellas es que nos ayuda a reducir la pobreza; además, tener acceso está asociado a una mejor calidad de vida, pero lo cierto es que más de 4 millones de connacionales no lo tienen y ese es un tema para reflexionar”. A esa deuda social histórica se suman la estabilidad de las finanzas públicas- que dependen de los ingresos fiscales del sector -y el impacto directo de fenómenos climáticos como El Niño, donde cualquier corte o inestabilidad del servicio se traduce en un freno en seco para la economía y el bolsillo de los colombianos.

Para estar preparados para el futuro, el primer paso es entender dónde están los cuellos de botella que nos están asfixiando. Por el lado de la oferta, el panorama en infraestructura es complejo: un proyecto solar en Colombia hoy puede tardar más de 1.000 días solo en conectarse, las redes de transmisión acumulan retrasos que superan los cuatro años y el desabastecimiento de gas ya es una realidad. A esto se suma una situación financiera crítica, con deudas del sector público que superan los $6 billones de pesos con las comercializadoras y un saldo en rojo de $2 billones tras la intervención de Air-e. 

Al respecto, el directivo fue contundente al señalar que “existe la necesidad de expandir oportunamente la oferta energética, sanear sus desequilibrios financieros y redefinir una transición energética viable desde lo económico y social”.

Mirar hacia adelante implica entender que, para el año 2040, el sistema energético colombiano prácticamente deberá duplicar su tamaño actual para responder al aumento del consumo y a la electrificación del transporte y la industria. Lograrlo requiere una adición ordenada de fuentes. Las energías renovables -como la solar y la eólica con su enorme potencial en el Caribe- deben liderar el crecimiento, pero el gas natural mantendrá un papel fundamental como el combustible puente para evitar que el país se quede a oscuras.

Paralelamente, en las zonas más rezagadas, se deben implementar mecanismos innovadores como las Subastas de Nivel de Servicio para que llevar energía se traduzca en oportunidades reales de productividad y bienestar local. 

El encuentro cerró con una conclusión tras el diálogo entre Tomás González y Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo: el éxito de las grandes políticas públicas nace de los consensos. “Vamos hacia adelante si los sectores público y privado tienen la capacidad de trabajar en equipo”, concluyó Meléndez. Colombia tiene una oportunidad de oro; asumir la estabilidad energética como un propósito común es el primer paso para asegurar el progreso del país.