Sector de la construcción ocupa 1’351.000 personas

    Ø  Los esfuerzos del Gobierno Nacional en dar continuidad a la política de vivienda social, con los programas de Mi Casa Ya y los anuncios de las nuevas iniciativas, serán fundamentales para incrementar el volumen de empleo en el sector e impulsar la economía.

    Bogotá, septiembre 28 de 2018

    De acuerdo con las cifras reveladas hoy por el DANE, al mes de agosto de 2018, el nivel de ocupación directo en el sector de la construcción llegó a 1’351.406 personas, representando una participación de 6% en el total de la mano de obra ocupada en el país. Esta cifra reflejó una disminución del 2% con respecto al mismo mes del año anterior, cuando el nivel de ocupados en el sector fue de 1’379.393.

    La presidente Ejecutiva de Camacol, Sandra Forero Ramírez, insistió que, si bien hay mejores condiciones en el mercado como la reducción de las tasas de interés y la mayor disposición para invertir en vivienda por parte de los hogares, estos resultados coinciden con la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica del sector. “La actividad edificadora requiere de un mejor entorno para consolidar la recuperación e impulsar la inversión en edificaciones y vivienda, y ese entorno depende a su vez de un marco de certidumbre jurídica para el lanzamiento, ejecución y comercialización de los proyectos”, mencionó la dirigente gremial. 

    Según el informe del DANE, de las 23 áreas urbanas analizadas, 13 presentaron variaciones positivas en la generación de empleo en el sector, siendo las de mayor crecimiento Cúcuta (36,3%), Sincelejo (34,2%) y Quibdó (20,3%) respectivamente. Por otra parte, las mayores reducciones en la ocupación del sector se dieron en Bucaramanga, Ibagué y Popayán.

     “La continuidad de los programas de vivienda y las nuevas estrategias de acceso a la vivienda formal recientemente anunciadas por el Gobierno Nacional que se convierten en una fuente de optimismo para acelerar la dinámica del sector y por ende la contratación de mano de obra. A esto deben sumarse acciones concretas que generen seguridad jurídica a los proyectos. Cada vez más se dictan disposiciones judiciales y administrativas que bloquean el avance de los proyectos y ponen en riesgo la inversión de los hogares y la sostenibilidad de las compañías”, agregó la Presidente Ejecutiva.