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A CTU A LID A D
ACTUALIDAD

contempladas por el POT para la ejecución de este tipo de pro-
yectos. Para el experto, el caso de la Heroica es peor porque
“El inversionista o desarrollador vive en un altísimo riesgo existe una licencia expedida con base en la norma urbanística,
en Colombia porque a la hora de diseñar un proyecto bien sea porque lo señaló el POT o porque así lo señaló una
estudia una norma y a la hora de ejecutarlo tiene otra, circular de obligatorio cumplimiento expedida por las mismas
autoridades o por decisiones administrativas que señalaron
entonces tiene una condición de riesgo originada en esa que un predio específico no estaba dentro del área de influen-
inseguridad jurídica”. cia del Castillo de San Felipe.
Así las cosas, el desarrollador tuvo su licencia con base en un
ordenamiento jurídico claro e inequívoco que le originó una li-
En la opinión de Juan Manuel González, el ca- cencia urbanística que la empezó a ejecutar, alcanzando un altísimo porcentaje de la
so de la capital del Quindío radica en una inde- obra, con una inversión relevante que no era solamente del desarrollador sino de com-
bida atribución de competencias en materia de pradores de vivienda que invirtieron sus ahorros y solicitaron créditos para la compra del
ordenamiento territorial, que se traduce en que inmueble. “En esto es importante que se entienda que los destinatarios de la seguridad
pese a contar con un Plan de Ordenamiento Te- jurídica no son simplemente los constructores y desarrolladores, también son los com-
rritorial expedido con unas condiciones técni- pradores, ciudadanos y hasta los mismos funcionarios”, sostiene González.
cas y jurídicas, posteriormente una autoridad
sin competencia en la materia y con fundamen- Solución
to en normas derogadas, decide que no se pue- Lo que está sucediendo en las diferentes regiones del país se pueden enmarcar en un total
de aplicar, dejando en riesgo una gran cantidad desapego al cumplimiento de la Ley, lo que el socio de PGP explica de la siguiente manera: “si
de proyectos sobre la base de una ilegalidad las autoridades públicas siguieran con juicio los postulados legales en el adecuado devenir del
que ni siquiera es declarada por un juez sino desarrollo de la ciudad colombiana y, por supuesto, de la ejecución de obra, pues esa inseguri-
simplemente por autoridades administrativas dad jurídica no existiría porque, primero, los POT se harían de manera seria y coherente, es
que interpretan las normas de manera subjetiva decir, con base en postulados técnicos muy bien elaborados, lo que daría garantías; y, segun-
y deciden no aplicar unas reglas contenidas en do, porque si el plan de ordenamiento está bien hecho, la licencia es incontrovertible”.
las normas urbanísticas, con el consecuente En ese sentido, la solución para González radica entonces en cumplir la Ley, respetar
drama en términos de seguridad jurídica para los derechos adquiridos por encima de todo, como el principio básico y esencial de la
los inversionistas. seguridad inversionista, y la visión de la sociedad respecto a que la ciudad la hacemos
“Esto no está sucediendo solo en Armenia todos, con base en la seguridad jurídica. “Mientras eso no suceda pues tendremos comu-
sino en muchas ciudades, donde después que nidades, desarrolladores, funcionarios totalmente abstraídos de la realidad de una so-
14 se han establecido unas reglas urbanísticas ciedad ordenada”, concluye el experto.
claras, en un documento claro que es el POT, La situaciones descritas generan una alerta no sólo para el sector privado sino también
la autoridades deciden no aplicar esa regla para los funcionarios públicos (entiéndase administraciones y concejos municipales, au-
con pretextos jurí- toridades ambientales, órganos de control, funcionarios judiciales), quienes tienen una
dicamente en su corresponsabilidad y no deben olvidar que el ordenamiento del territorio es una función
criterio válidos, pública que está al servicio de los intereses generales, que como tal debe obedecer a los
pero que son total- fines señalados en la Ley, y desarrollarse con fundamento en los principios de legalidad,
mente salidos del cau- igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Como lo
ce procesal que se mere- ha manifestado la Corte Constitucional, los ciudadanos tenemos el derecho a
ce porque, en este caso, lo que las decisiones sobre la variación de los usos del suelo no sean “capricho-
que debe suceder cuando las sas”, den aplicación estricta a las reglas que rigen su modificación,
autoridades no están de acuerdo respeten las situaciones jurídicas consolidadas y se encuentren de-
con lo escrito en un POT es proceder a bidamente motivadas.
su modificación con base en estudios De lo contrario, todas las medidas que se to-
técnicos, pero no a su inaplicación”, expli- men para hacer frente a la coyuntura econó-
ca el directivo de PGP. mica no serán suficientes, si no se crean
El otro caso es Cartagena, donde la activi- mecanismos para que la seguridad ju-
dad edificadora también se encuentra en vi- rídica pase de ser un principio
lo por situaciones que se resumen en pro- general y abstracto del dere-
yectos de vivienda social diseñados con fun- cho a una garantía mate-
damento en circulares vigentes emitidas por rial efectiva y eficiente,
la Secretaria de Planeación de Cartagena que propicie un clima
-que ahora pretenden ser desconocidas-; y apto para la inversión,
que han sido avalados por las autoridades todo en un marco de le-
competentes para ser desarrollados en zonas galidad y justicia.