• El Congreso de CAMACOL reunió a varios precandidatos presidenciales, que expusieron propuestas relacionadas con el sector constructor, y las razones que los motivan a aspirar al cargo más alto del país.
   

En el marco del Congreso Colombiano de la Construcción, se realizaron dos paneles en los cuales algunos precandidatos presidenciales hablaron de sus propuestas en materia de vivienda, infraestructura y planificación urbana. 

En el primer panel, Juan Manuel Galán señaló que el Estado debe convertirse en un verdadero impulsor de la industria de la construcción, con políticas para facilitar el acceso a suelo, fortalecer la infraestructura y desarrollar el talento humano. Advirtió que “el principal obstáculo es la fragmentación institucional, que desincentiva a las familias y frena los proyectos”. 

Por su parte, el exministro Daniel Palacios afirmó que el país necesita un gobierno que crea en el sector privado y en la construcción como motor de progreso. Propuso reactivar el programa ‘Mi Casa Ya’ y, tras un mensaje de confianza al empresariado, anunció que otorgaría más de 500 mil subsidios de vivienda.
 

Entre tanto, Juan Daniel Oviedo centró su plan en resolver varios desafíos: “El alto costo del suelo, para lo cual propuso crear un banco nacional de tierras urbanas; mejorar el precio de los materiales; acelerar los permisos de construcción, y crear bonos verdes a la vivienda social”.

El senador Efraín Cepeda también criticó la suspensión de ‘Mi Casa Ya’ y la eliminación de subsidios para la clase media. “Hay que restablecer los apoyos a la vivienda y fortalecer las alianzas público-privadas, con ventanillas únicas que agilicen los trámites”, anotó.

Por su parte, Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, insistió en planear las ciudades a largo plazo y propuso que los planes de ordenamiento territorial (POT) tengan una vigencia mínima de 60 años. Recalcó que es necesario reactivar subsidios de vivienda hasta los dos salarios mínimos y las cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC).

En su turno, Claudia López propuso una meta de 600 mil subsidios de vivienda y una política más flexible para atender los déficits cuantitativo y cualitativo, mientras que David Luna sostuvo que la construcción será una prioridad presupuestal para la reactivación económica. 

El excontralor y ahora precandidato Carlos Felipe Córdoba coincidió en que ‘Mi Casa Ya’ debe ser una política de Estado y propuso impulsar más de 560 mil subsidios en los primeros dos años.
 

El segundo panel de precandidatos contó con la participación de Mauricio Lizcano, María Fernanda Cabal, Mauricio Cárdenas, Mauricio Gómez Amín y Juan Carlos Cárdenas. Los aspirantes presentaron sus propuestas para impulsar el sector edificador, dinamizar el empleo y garantizar el acceso a la vivienda en el país.

Mauricio Cárdenas dijo que entregará 100.000 subsidios de ‘Mi Casa Ya’ por año y para ello crearía un programa adicional de vivienda sin cuota inicial. “Vamos a hacer otras cien mil viviendas de 130 millones de pesos y habilitaremos tierras para construir”, señaló.

Entre tanto, el exministro Mauricio Lizcano aseguró que apostará por 600.000 viviendas con ‘Mi Casa Ya’ y por el subsidio a la tasa de interés para quienes ganen entre 3 y 6 salarios mínimos, especialmente los jóvenes. En su intervención, el senador Mauricio Gómez Amín propuso proteger la propiedad privada y combatir la invasión de tierras, para lo cual propuso crear una agencia de recuperación de predios. “Cuando nos quitaron ‘Mi Casa Ya’ las regiones se reinventaron, y eso lo seguirá impulsando mi gobierno”, enfatizó.

Juan Carlos Cárdenas planteó recuperar los subsidios de ‘Mi Casa Ya’, industrializar la vivienda de interés social y duplicar la formalización de los hogares. También propuso incentivar la inversión en vivienda para arrendar.

Finalmente, la senadora María Fernanda Cabal centró su propuesta en simplificar los procesos administrativos. “Hay entre 70 y 100 trámites en 12 entidades del Estado. Ningún país es viable así”, aseguró. Propuso una plataforma única que consolide los procedimientos, con un estatuto que garantice reglas estables y colaboración con los municipios para agilizar la gestión del suelo. “La política pública debe hacerse con ustedes, los que tienen el diagnóstico real del problema, no desde los escritorios de los ministerios”, concluyó.