En el marco de la campaña ‘Con mi voto construyo’, la revista ‘Urbana’ contactó a varios candidatos a la presidencia, quienes respondieron varias preguntas sobre sus propuestas en materia de vivienda.

La revista Urbana convocó a los candidatos que encabezan la intención de voto a la presidencia de Colombia para que hablarán de vivienda. De los seis contactados, cuatro respondieron las preguntas (Sergio Fajardo, Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López). Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se abstuvieron de contestar. 

Estas fueron las preguntas.  

1. ¿Cómo focalizaría el gasto público para que los hogares de menores ingresos puedan acceder a una vivienda?
2. ¿Cuál sería su plan para recuperar la vivienda como motor de la economía y promover la inversión privada?
3. ¿Qué decisiones del Gobierno actual replantearía sobre el manejo que le ha dado al tema de vivienda?
4. ¿Qué opina de la eliminación del programa ‘Mi Casa Ya’? ¿Lo reviviría?
 

PALOMA VALENCIA

1. Gasto público y acceso a vivienda 

La focalización del gasto público en vivienda debe partir de una realidad: hoy el principal problema es la incapacidad de los hogares de menores ingresos para el cierre financiero al acceder a vivienda. Por eso nuestra propuesta no se basa en un único instrumento, sino en un sistema articulado que combine subsidios, ahorro y crédito, atendiendo la capacidad económica de los hogares más vulnerables.
En primer lugar, tenemos que recuperar el subsidio de vivienda para apoyar el cierre financiero de los hogares que este gobierno desmontó, que se llamará ‘Mi Casa Ya 2.0’, rediseñándolo con el fin de que con los mismos recursos se beneficie a más hogares y se priorice a quienes tienen menos ingresos. Para estas familias (que devengan hasta 1.5 salarios mínimos), el programa se articulará con esquemas de concurrencia de distintos subsidios: el del Gobierno nacional, junto con los de las entidades territoriales y cajas de compensación. Así el crédito bancario será bajo. 

También fortalecemos la ruta de acceso progresivo a la vivienda con el programa ‘Camino hacia mi Casa Propia’, que a las familias les brindará apoyo para el pago de arriendo con el fin de tener un ahorro programado obligatorio para comprar vivienda formal, generando disciplina financiera y facilitando su acceso posterior al subsidio de ‘Mi Casa Ya 2.0’ y a crédito.
Vamos a recuperar y fortalecer los mecanismos de ahorro formal, como las cuentas Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC); así se ampliará la base de hogares, que será requisito para obtener el subsidio de vivienda. El acceso debe estar acompañado de condiciones reales de financiamiento; por eso habrá créditos con tasa social, mayores porcentajes de financiación y garantías estatales para hogares de bajos ingresos, permitiendo incluso niveles de financiación cercanos al 100% para quienes hoy están excluidos del sistema financiero.
Aquí hay un cambio de enfoque: el gasto público deja de ser un subsidio aislado y se convierte en una estrategia integral para que los hogares de menores ingresos realmente puedan acceder a una vivienda.

2. Recuperación de la vivienda e inversión privada

Hay que recuperar la confianza. En este momento pensar en casa propia resulta casi imposible, no solo porque la gente no cuenta con los recursos para su compra, sino porque no hay proyectos de bajo costo, especialmente de vivienda de interés prioritario (VIP). Por eso, además de fortalecer la demanda tenemos que destrabar la oferta, que está reducida porque no hay apoyo financiero del Gobierno nacional, y, además, porque hay muchos trámites administrativos. 

De otro lado, hoy la mentalidad de la gente especialmente joven ha cambiado y su aspiración no es únicamente comprar vivienda sino invertir sus ahorros en otros sectores, y vivir en proyectos de arriendo especializado de calidad. Por eso impulsaremos la inversión en multifamily, un segmento que hoy está subdesarrollado en Colombia por barreras regulatorias. Vamos a diferenciar este modelo del arrendamiento tradicional, eliminando restricciones que desincentivan la inversión institucional, como limitaciones al manejo de depósitos o condiciones que afectan la rentabilidad del negocio.

Además, estos proyectos contarán con acceso a incentivos tributarios atados a la renovación urbana que, además de atraer inversión, permitirán reconstruir ciudades de calidad. Los incentivos serán diferenciales: más para los proyectos vivienda que se certifiquen con estándares ambientales, lo que no solo aumenta la oferta formal de vivienda en arriendo, sino que atrae capital de largo plazo y profesionaliza el mercado.

También, vamos a posicionar la vivienda como un sector estratégico para la inversión extranjera. Hoy Colombia pierde oportunidades por trámites complejos y falta de promoción. Por eso vamos a facilitar el registro de inversión extranjera directa en vivienda mediante procesos más ágiles, reducción de requisitos y creación de una ventanilla eficiente para canalizar estos recursos. Además, habrá incentivos tributarios temporales para compradores y financiadores no residentes, y se desarrollarán plataformas de promoción internacional.

Vamos a mejorar las condiciones estructurales de inversión en vivienda, con incentivos a la construcción sostenible, acceso a financiación con tasas compensadas y beneficios tributarios que hagan viables los proyectos, especialmente en vivienda social. Y como anoté, vamos a atacar el mayor obstáculo del sector: la tramitología. Implementaremos ventanillas únicas, reducción de tiempos, simplificación de licencias y trámites urbanísticos, entre otros.

3. Decisiones del Gobierno actual sobre vivienda que replantearía

El problema de este gobierno es ideológico. El presidente eliminó los subsidios a la vivienda del programa ‘Mi Casa Ya’ porque ayuda al sector privado, al constructor de vivienda. Se ha enfocado solo en el mejoramiento integral, cuando no se trata de dos programas excluyentes sino complementarios. Por esta razón nuestra propuesta no es excluyente, porque así como estamos decididos a recuperar la demanda y oferta formal de vivienda, también nos enfocaremos en un trabajo articulado con los municipios y distritos para apoyar una realidad que no va a cambiar: la legalización de los asentamientos informales, que permita su reconocimiento urbanístico así como la inversión de los distintos niveles del gobierno en provisión de servicios públicos, pavimentación, equipamientos y mejoramiento de las viviendas.  Incluiremos medidas administrativas y económicas para detener a tiempo la informalidad y sancionar a quienes la promuevan.     

4. ⁠Revivir ‘Mi Casa Ya’ 

Eliminar “Mi Casa Ya” fue una decisión equivocada que afectó a miles de familias en proceso de acceder a su vivienda. En un contexto de caída de la inversión, aumento del déficit habitacional y dificultades de acceso, debilitar el principal instrumento de demanda fue un error.

El programa necesita una evolución. Por eso nuestra propuesta no es solo revivirlo, sino transformarlo en ‘Mi Casa Ya 2.0’, un programa más eficiente, mejor focalizado y articulado con todo el sistema de vivienda para para resolver el principal problema que enfrentan los hogares: el cierre financiero. Hoy muchas familias tienen un subsidio, pero no logran completar la cuota inicial o sostener el crédito. 

El nuevo esquema incorpora tres elementos: primero, la focalización en los hogares de menores ingresos (1.5 salarios mínimos) permitiendo la concurrencia de subsidios para articular esfuerzos de la Nación, de las entidades territoriales y de las cajas de compensación, y así apoyar el cierre financiero. Segundo, el subsidio también se otorgará diferencialmente para que los hogares puedan adquirir sus VIS en zonas por urbanizar, en zonas consolidadas y en planes de renovación urbana.  

Tercero, volverá el apoyo a las cuotas mensuales mediante la cobertura plana a la tasa de interés, con apoyos directos y monto fijo que reduzcan el valor y dinamicen el mercado. Este programa estará integrado a una ruta de acceso progresiva a través del ahorro, el fortalecimiento de instrumentos como las cuentas AFC, el apoyo al arriendo con ahorro programado y mejores condiciones de crédito. Aquí hay una visión clara: la vivienda no puede depender de programas intermitentes o mal articulados. Necesita una política sólida, sostenible y coherente.
 

SERGIO FAJARDO

1. Gasto público y acceso a vivienda

El punto de partida es claro: hoy millones de hogares están excluidos del acceso a vivienda, y el gasto público debe priorizarlos de manera efectiva.

Para ello, proponemos un esquema basado en tres principios: estabilidad, diversificación y focalización simple. Primero, restableceremos una política de subsidios estable y plurianual, evitando los ciclos de suspensión que han generado incertidumbre en miles de familias y en el sector. La planeación a varios años, con fuentes combinadas (Presupuesto General, cajas de compensación y territorios), permitirá garantizar continuidad y cobertura.

Segundo, ampliaremos las vías de acceso a vivienda con un enfoque integral: no solo compra, sino también mejoramiento de vivienda y arriendo social con opción de compra, que hoy son las alternativas más efectivas para los hogares sin acceso a crédito. En particular, el mejoramiento debe escalarse como política prioritaria para atender barrios vulnerables.

Tercero, simplificaremos la focalización con criterios claros de ingreso y vulnerabilidad, evitando esquemas complejos que han demostrado ser ineficientes. Complementaremos esto con instrumentos como garantías públicas, subsidios a la tasa y ahorro programado, que permitan cerrar la brecha financiera. El objetivo es claro: que el gasto público llegue realmente a quienes más lo necesitan, y que lo haga de forma continua y predecible.

2. Recuperación de la vivienda e inversión privada

La vivienda debe volver a ser un motor de crecimiento, empleo y confianza. Para lograrlo, es indispensable reconstruir las condiciones que permitan al sector invertir y planear. En primer lugar, recuperaremos la confianza del sector mediante reglas claras: una senda plurianual de subsidios, cronogramas públicos de asignación y estabilidad normativa. La incertidumbre de los últimos años ha sido uno de los principales frenos a la inversión.

En segundo lugar, activaremos la demanda a través de instrumentos financieros que faciliten el acceso al crédito: tasas preferenciales, garantías públicas y fortalecimiento del Fondo Nacional del Ahorro, trabajando para incorporar a hogares con ingresos informales.
En tercer lugar, aumentaremos la oferta con medidas estructurales: habilitación de suelo, reducción de trámites y digitalización de procesos, junto con incentivos a la renovación urbana y la densificación en zonas bien ubicadas.

3. Decisiones del Gobierno actual sobre vivienda que replantearía

El principal problema del Gobierno actual ha sido la ruptura de la estabilidad del sistema de vivienda, lo que ha generado incertidumbre tanto en los hogares como en el sector.

Replantearíamos tres decisiones fundamentales: la suspensión y desarticulación de los subsidios, especialmente de programas como ‘Mi Casa Ya’, que dejó a miles de familias en el limbo; la falta de planeación fiscal, que llevó a decisiones improvisadas y a ciclos de arranque y freno en la política de vivienda; y la baja ejecución en programas clave como el mejoramiento de vivienda, que no logró consolidarse como alternativa efectiva para los hogares más vulnerables.

Nuestro enfoque será restablecer un sistema con reglas claras, ejecución efectiva y coordinación institucional, que le devuelva confianza a las familias y al sector.

4. Revivir ‘Mi Casa Ya’

La eliminación de ‘Mi Casa Ya’ fue un error que tuvo efectos inmediatos: afectó a miles de familias, debilitó la confianza en la política pública y profundizó la caída del sector. Nuestro compromiso es claro: lo vamos a reactivar en los primeros 100 días de gobierno. Pero no se trata solo de revivirlo, sino de mejorarlo estructuralmente con una programación plurianual que evite nuevas suspensiones; con mayor focalización en hogares vulnerables y jóvenes, a través de iniciativas como ‘Vivienda Joven Colombia’; integrándolo con nuevos instrumentos como garantías públicas y subsidios a la tasa, para ampliar su impacto; y asegurando total transparencia en su asignación y ejecución.

‘Mi Casa Ya’ debe volver a ser el eje de la política de vivienda, pero dentro de un sistema más robusto, diversificado y sostenible.
 

Claudia López

1. Gasto público y acceso a vivienda

Necesitamos garantizar que los recursos del Estado lleguen directamente a los territorios donde se ubican los hogares más pobres y vulnerables del país, así como a la clase media, que usualmente se queda por fuera de los beneficios y subsidios del gobierno. El Plan de Vivienda y Hábitat, tendrá un enfoque que permita que la inversión pública social sea una herramienta para generar autonomía y construir patrimonio de las familias colombianas. Por ello, reemplazaremos la estratificación actual, por un censo nacional de ingresos y vivienda que nos permita asignar los apoyos con total transparencia y justicia.

Esto se acompañará de nuevos instrumentos financieros, como esquemas de arriendo con opción de compra, coberturas de tasa de interés y microfinanzas para el mejoramiento de vivienda. Todo lo anterior, dirigido a familias con ingresos económicos bajos, y medios, que sueñen y que puedan acceder a su primera vivienda.

2. Recuperación de la vivienda e inversión privada

Nuestro Plan para reactivar la economía desde el sector constructor, se enfocará en financiar y entregar 600.000 soluciones habitacionales que den acceso a una vivienda nueva digna. La mitad para la clase media y la mitad para las clases más populares. Para impulsar al sector y apoyar a las familias, entregaremos 250.000 subsidios para la compra de vivienda nueva o usada, 200.000 beneficiarios de arrendamiento social como una ruta progresiva hacia nuevas familias propietarias en el país, y se realizarán 150.000 mejoramientos de vivienda.

En paralelo, promoveremos la inversión privada brindando seguridad jurídica a través de la actualización del catastro multipropósito y un plan de formalización predial, lo que facilitará la gestión de proyectos de vivienda con ciudad, la mejora y titulación de viviendas construidas, el desarrollo urbano sostenible, y la dinamización en el acceso de las familias al crédito bancario.

3. Decisiones del Gobierno actual sobre vivienda que replantearía

Replantearía el enfoque, para avanzar hacia un modelo de mayor colaboración y confianza mutua entre todos los actores para la producción y el acceso a la vivienda en el país. En lugar de detenernos en las diferencias, nuestra principal decisión será recuperar la participación activa del sector constructor y todas sus líneas de encadenamiento productivo para la construcción de vivienda con ciudad. Para garantizar el acceso a una vivienda y un hábitat digno, sabemos que no podemos depender únicamente del mercado, pero el Estado tampoco puede resolver el déficit por sí solo; necesitamos complementarnos. Por eso, trabajaremos de la mano con los constructores, el sector financiero y las organizaciones civiles.  

Como se demostró con éxito durante mí alcaldía en Bogotá, logramos beneficiar a más de 68.000 familias con subsidios de vivienda para arrendamiento, mejoramiento o adquisición de vivienda y la formulación de 21 planes parciales que generan más de 108.000 viviendas. Así demostramos que el sector público y el sector privado pueden trabajar en equipo, con reglas claras y sin corrupción, permitiendo resultados extraordinarios, generando tranquilidad en el mercado inversionista. Nuestro gobierno será un socio gestor que brinde seguridad jurídica, garantice tierra bien localizada y permita la asignación y entrega de 600.000 soluciones habitacionales, como uno de los ejes de reactivación de la economía nacional.

4. Revivir ‘Mi Casa Ya’

Es un error acabar con esos programas que han demostrado ser efectivos para facilitar el acceso y cierre financiero, en el proceso de adquisición de la primera vivienda de muchas familias del país. En nuestro gobierno vamos a retomar estos proyectos, revisando y ajustando los requisitos de acceso de las familias, la priorización de los territorios y el marco normativo requerido. 
Colombia no puede seguir viviendo atrapada en la lógica destructiva del "borrón y cuenta nueva"; nuestra regla es clara: lo que le sirve a las mayorías se queda y se protege. Nuestro Plan de Vivienda y Hábitat proyecta una diversificación de subsidios, para tener más familias propietarias y más viviendas mejoradas. Todos y todas tendrán la oportunidad de tener o mejorar su vivienda, independientemente de sus condiciones.

ROY BARRERAS

1.⁠ Gasto público y acceso a vivienda 

En la actual coyuntura del país, y para que los hogares de menores ingresos accedan a una vivienda, la focalización del gasto público no puede limitarse a la asistencia social; debe ser una maniobra de estabilización macroeconómica. El gasto de inversión de las finanzas públicas debe estar enfocado en incrementar la Formación Bruta de Capital Fijo (inversión) como variable del PIB. 

Hoy el país sufre un desbalance estructural peligroso: el consumo se disparó, lo que ha impactado fuertemente la inflación, mientras que la inversión productiva se ha contraído. Al catalizar la inversión a través de la vivienda, corregimos este desbalance y generamos crecimiento real, lo que ejerce una presión infinitamente menor sobre la necesidad de tramitar nuevas (y asfixiantes) reformas tributarias, ya que el sector tiende a autofinanciar el recaudo mediante su propio dinamismo. 

Elegimos el sector constructor como punta de lanza porque su reactivación enciende simultáneamente 36 subsectores, movilizando el 54% del aparato productivo. Para que los hogares de menos ingresos capitalicen esta locomotora económica, el programa focaliza el gasto público mediante tres mecanismos: 

La primera propuesta considera el choque a la oferta (déficit cuantitativo) con un modelo 70/30 y cero riesgo soberano. Para el millón de hogares que requieren vivienda nueva eliminaremos el modelo en el que el Estado gira subsidios o anticipos que terminan en elefantes blancos. Además, focalizaremos el gasto mediante el modelo de corresponsabilidad 70/30, en donde el territorio pone el suelo habilitado y la Nación financia la construcción. Otra propuesta es la intervención al hábitat (déficit cualitativo) con mejoramientos productivos. El 77% del déficit habitacional (4 millones de hogares) corresponde a familias que tienen casa, pero en condiciones precarias (pisos de tierra, hacinamiento).
Por otra parte, proponemos un choque a la demanda en donde exista un Capital Semilla de Autonomía, sabiendo que el 56% de las mujeres en edad productiva son jefas de hogar y muchas están atrapadas en la informalidad.

2. Recuperación de la vivienda e inversión privada

Recuperar el sector vivienda no se logra inyectando liquidez a un sistema roto, sino con una cirugía a la estructura de incentivos del Estado. Hoy, Colombia opera bajo ineficiencia regulada en el hábitat que nos cuesta $23,8 billones anuales. Proponemos el Plan Decenal de Hábitat y Reactivación, una hoja de ruta operativa para eliminar el riesgo soberano, destrabar el suelo y encender el 54% del aparato productivo nacional. 

Fortaleceremos el Catastro Multipropósito apoyado en tecnología satelital y migraremos el registro de instrumentos públicos (SNR) a una plataforma blockchain de gobernanza pública. La segunda fase, de mediano plazo, implica una reingeniería financiera y cero riesgo soberano: una vez destrabado el suelo, cambiamos las reglas de financiación para la construcción del millón de viviendas nuevas (déficit cuantitativo). También transformaremos estructuralmente el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) para convertirlo en el gran Banco Nacional de la Vivienda, que captará remesas. 

3. Decisiones del Gobierno actual sobre vivienda que replantearía

Este programa considera como ancla la autonomía territorial; por eso hay que descentralizar la ejecución, y esto se logra potencializando la corresponsabilidad territorial. La política de vivienda actual se diseña y microgerencia desde escritorios en Bogotá, ignorando la realidad predial y la vocación de las regiones. Replantear esto significa devolverles a las regiones la soberanía sobre la ejecución bajo el principio de “Autonomía por Solvencia”.

Nuestro modelo de Corresponsabilidad 70/30 exige que el territorio sea un actor aplicado y protagónico: el municipio o departamento pone el suelo habilitado y la Nación financia la construcción. Además, para evitar que los municipios de categorías 4, 5 y 6 se queden rezagados, el Gobierno Nacional dispondrá de un Estructurador Nacional Gratuito a Fase III, asumiendo el costo de llevar los proyectos a etapa de factibilidad. Así eliminamos al “padrino político” ministerial y garantizamos que las regiones ejecuten con celeridad. 

También propongo corregir la fuga en el sistema de subsidios. Cerca de 3.5 millones de personas de ingresos medios y altos, capturan algún tipo de subsidio del Estado, mientras 2.1 millones en pobreza extrema, sufren errores de exclusión (un costo del 1.3% del PIB). Implementaremos una Plataforma Única de Transferencias (PUT). 

4.⁠ ⁠Revivir ‘Mi Casa Ya’ 

Eliminar el programa ‘Mi Casa Ya’ fue un error de cálculo macroeconómico que asfixió la Formación Bruta de Capital Fijo y frenó la cadena de valor de la construcción, porque no tuvo un sustituto. El programa tenía grandes fortalezas: entendió que subsidiar la tasa y la cuota inicial era el mecanismo correcto para bancarizar a los hogares de menores ingresos y detonar la demanda. Mi propuesta no es simplemente revivirlo tal como estaba, sino actualizarlo. 

Para que esta política recupere su rol de locomotora, propongo apalancar el sector en mecanismos operativos y financieros: el primero busca un blindaje a la oferta donde no haya riesgo soberano, porque creamos un Encargo Fiduciario. El gran problema de los programas de vivienda ha sido la incertidumbre en los desembolsos del Estado, lo que aleja a los constructores y a la banca. Para que el sector se reactive, el Gobierno debe garantizar el flujo de caja. Por eso implementaremos un Encargo Fiduciario Irrevocable en el que el constructor levantará los proyectos sabiendo que el dinero del subsidio está garantizado, liberándose bajo la premisa de Vivienda Terminada y Conectada.

También hay que brindar precisión tecnológica para mayor cobertura. El sistema de subsidios en Colombia tiene una fuga estructural: 3,5 millones de personas de ingresos medios y altos capturan ayudas, mientras 2,1 millones en pobreza extrema quedan excluidos. Para ampliar la cobertura social sin quebrar el presupuesto, la asignación debe dejar de ser manual y discrecional. Usaremos nuestra Plataforma Única de Transferencias (PUT), integrando Identidad Digital Biométrica y blockchain para cruzar datos de la DIAN, el Sisbén IV y el sistema financiero en tiempo real. 

El Banco de la Vivienda también será un vehículo de cierre financiero transfronterizo, de tal manera que no dependa exclusivamente de la voluntad de colocación de la banca comercial tradicional; el transformado Banco Nacional de la Vivienda será ejecutor del programa. Articularemos los subsidios de tasa y cuota inicial directamente con el capital de las remesas. Reviviremos las fortalezas de estímulo a la demanda de ‘Mi Casa Ya’, pero blindándolo con fiducias, focalizándolo con tecnología de punta y articulándolo con los entes territoriales.