El país enfrenta grandes retos y el próximo gobierno deberá resolverlos mediante consensos, a diferencia de la avalancha de decretos expedidos, resultado de la ausencia de acuerdos. Esto incluye, entre otras acciones, estructurar un plan fiscal creíble.

Daniel Velandia, director Ejecutivo de Research en Credicorp Capital

La actividad económica registró un comportamiento relativamente favorable durante el 2025, con el consumo privado como el principal motor, en medio de mayores salarios reales, una menor inflación comparada con años anteriores, y una mejora del mercado laboral; de hecho, la tasa de desempleo en el país fue históricamente baja: se ubicó en 8,9% el año pasado, en un escenario de un mayor crecimiento anual del empleo: 3,4%. A estas variables se sumaron las remesas en niveles récord equivalentes a 3% del PIB; las transferencias gubernamentales a hogares; más ingresos de las familias cafeteras ante precios internacionales elevados, y un crédito de consumo más dinámico.

En este entorno cabe destacar que el Índice de Confianza del Consumidor de Fedesarrollo alcanzó en diciembre su mayor nivel de los últimos 11 años. Por su parte, a pesar de los crecientes desafíos fiscales, el gasto público ha mantenido un ritmo significativo de expansión (en el tercer trimestre de 2025, el consumo público creció 14.2% anual, la cifra más alta desde al menos 2006). 

Lo anterior contrasta con el rezago que mantiene la inversión. Aunque en los últimos trimestres se ha observado alguna recuperación en el componente de maquinaria y equipo (en buena medida, por la mayor dinámica del consumo mismo), así como de las obras civiles (por la ejecución de proyectos de los gobiernos regionales y locales como el Metro, Transmilenio y la construcción de trenes regionales en Bogotá), la formación bruta de capital fijo aún se mantiene un 6% real por debajo de los niveles observados previo a la pandemia.

Baja inversión en construcción

La inversión residencial sigue siendo inferior en un 10% frente a los niveles registrados antes del Covid-19, mientras que aquella relacionada con otros edificios y estructuras (incluyendo obras civiles) es inferior en un 30%. Esto contrasta con un consumo público y privado, actualmente de 18% y 25% real, respectivamente, por encima de los niveles prepandemia.

La divergencia entre el comportamiento del consumo y la inversión es preocupante, pues sugiere que la recuperación económica reciente no sería sostenible, dado que la capacidad productiva se estaría reduciendo y, con ello, la tasa de crecimiento del PIB. Sin mayores tasas de inversión, difícilmente podrán sostenerse altas tasas de expansión del consumo privado en el mediano plazo por la ausencia de fuentes duraderas de creación de empleo, en un escenario en el que se prevé que, ante los desafíos fiscales, el impacto de algunos de los factores que han soportado el gasto de los hogares en el último tiempo (remesas, ingreso cafetero y transferencias públicas) comenzará a moderarse.

Cabe recordar que, tras alcanzar un máximo de casi 24% del PIB en 2014, la inversión total se ubica cerca del 18% del PIB (2019: 22%). Lo que es aún más crítico, la inversión privada representó entre 11% y 12% del PIB en 2025 según nuestras estimaciones; casi 8 puntos porcentuales (pp) por debajo del nivel de hace diez años.

El magro desempeño de la inversión estaría reflejando, en parte, unos altos costos de financiamiento en medio de tasas de interés de política monetaria elevadas. Así, resulta claro que los mayores riesgos regulatorios de los últimos años han jugado el principal rol en un contexto de medidas por parte del Gobierno dirigidas a modificar, en la mayoría de los casos, las reglas de juego en sectores estratégicos de la economía (vivienda, infraestructura, agrícola, energético, petrolero, minero y salud).

Los decretos y sus efectos

A esto se suma la expedición de decretos con un impacto significativo sobre la estructura de la economía, entre ellos el que limita las inversiones en el exterior de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el que fijó un histórico aumento del salario mínimo del 23,7%, que reconfiguró el escenario macroeconómico, con efectos adversos sobre la inflación y el mercado laboral. Diversos modelos han estimado que un aumento de 1 pp del salario mínimo superior al incremento teórico de inflación observada, más productividad, tiende a incrementar la inflación total entre 10 pbs y 15 pbs. 

Bajo este supuesto, y considerando que el aumento del salario mínimo superó el nivel teórico en cerca de 17 pp, el impacto sobre la inflación estaría entre 1,7 pp y 2,6 pp; es decir, la llevaría a un rango entre 6,3% y 7,2% en 2026 (estimaciones previas rondaban el 4,6%). El problema radica en que los modelos tradicionales de proyección se encuentran basados en la historia, lo que implica que, probablemente, no serán capaces de incorporar correctamente un aumento real del salario mínimo de casi 18%. Este choque abrupto, salido de cualquier patrón histórico, tendrá impactos no lineales o bruscos (en los últimos cuarenta años, el aumento real del salario mínimo fue de 1% y 3,6% entre 2022 y 2025, en promedio). 

La incertidumbre es alta, y esto se refleja en el promedio de las proyecciones de inflación, actualmente en 6,2%, aunque previsiones más altas sugieren cifras cercanas al 8%. Por otro lado, la teoría muestra que aumentos del salario mínimo por encima de la inflación observada más productividad deterioran el mercado laboral por los mayores costos de contratación. Se prevé que las empresas grandes, con más poder de mercado y mayores márgenes, busquen traspasar inicialmente los altos costos laborales a los precios al consumidor final sin afectar de manera significativa la demanda de sus productos o su participación de mercado; una segunda fase será la revisión de costos, incluidos los de personal. 

De hecho, los costos laborales son muy relevantes en los gastos totales de las micro y pequeñas empresas, a lo que se suman bajos márgenes. Se esperaría un fuerte ajuste en sus nóminas, al no poder traspasar completamente los mayores costos de contratación al precio al consumidor. Y no olvidemos que al aumento del salario mínimo deben adicionarse los efectos de las reformas que redujeron la jornada laboral y aumentaron el recargo nocturno y dominical; las micro y pequeñas empresas representan cerca del 99% del tejido empresarial y emplean a cerca del 70% de los trabajadores del país.

Se espera, por lo tanto, una combinación de mayor inflación y deterioro del empleo. Sin embargo, la magnitud del choque es de tal proporción, que las disrupciones potenciales podrían ser mucho más fuertes, por lo que el balance final dependerá, en últimas, de la respuesta de los empresarios.

Ahora bien, no solo existe incertidumbre sobre la magnitud de los impactos del salario mínimo, sino también sobre su gradualidad; seguramente se observará un efecto favorable en el consumo de los hogares en el corto plazo considerando que cerca del 10% de los trabajadores (más de 2 millones de personas) devengan el mínimo (más allá de que, como se anotó, esta cifra podría reducirse, pero gradualmente). También resulta probable que el aumento jalone los salarios de los trabajadores que devengaban un monto ligeramente superior al salario mínimo dadas las distorsiones creadas por la decisión. Sin embargo, con el aumento entramos en un terreno desconocido 

Aumento del salario mínimo y su impacto

Con el aumento sin precedentes del salario mínimo entramos en un terreno desconocido. Nuestra tesis es la de una mayor inflación acumulada en los primeros meses del año por la indexación y un mayor consumo de los hogares, pero el mercado laboral se deteriorará gradualmente, con mayores efectos la segunda mitad del año y en 2027. 

Esto impactará la actividad económica y la inflación. Por lo tanto, podría observarse una actividad más dinámica que la esperada en la primera parte del 2026, pero una desaceleración en el segundo semestre. Esto deja las proyecciones de crecimiento del PIB relativamente estables en cerca de 2,7%.

En 2027 la desaceleración continuaría. De hecho, el Banco de la República proyecta un bajo crecimiento del 1,7%. Surge, entonces, la necesidad de una política monetaria más contractiva que propenda por el control de las expectativas de inflación y modere los riesgos de un elevado consumo público y privado.

En su primera reunión del año, el Banco de la República sorprendió con un incremento de la tasa repo de 100 pbs a 10,25% y se espera que alcance el rango 11,00% - 11,75% al cierre de 2026 (la estimación previa al aumento del salario mínimo se acercaba a 9,25%). Por supuesto, esta proyección también está sujeta a una incertidumbre muy alta por las dudas sobre el comportamiento de la inflación. 

Al final, la medida del Gobierno generó ‘desorden’. La próxima administración enfrentará grandes desafíos que debe resolver mediante consensos, a diferencia de la avalancha de decretos expedidos, resultado de la ausencia de acuerdos. Además, deberá estructurar un plan fiscal creíble (el solo aumento del salario mínimo tendrá un impacto fiscal cercano al 0,5% del PIB, y la reducción de los precios de la gasolina impactará otro tanto). Pero también será clave diseñar una agenda pro-inversión.