Guillermo Herrera - Presidente de Camacol

La democracia colombiana acaba de demostrar, una vez más, su fortaleza. Millones de ciudadanos acudieron a las urnas convencidos de que el voto sigue siendo la herramienta más poderosa para construir el futuro del país. Cuando una sociedad participa, debate y decide en las urnas, gana el país. Ahora corresponde transformar esa confianza ciudadana en decisiones que permitan recuperar el crecimiento, la inversión y las oportunidades para todos.

Uno de los pilares sobre los que debe edificarse esa agenda es la vivienda. Si Colombia quiere acelerar su desarrollo económico y social durante los próximos años, necesita volver a poner este tema en el centro de las prioridades nacionales. No se trata únicamente de construir viviendas; se trata de construir empleo, patrimonio para las familias, movilidad social, productividad urbana y mejores condiciones de vida para millones de personas.

La vivienda es uno de los pocos sectores con capacidad de conectar múltiples desafíos nacionales. Su impacto trasciende la infraestructura física y alcanza objetivos tan diversos como la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la clase media, la sostenibilidad ambiental, la competitividad de las ciudades, el desarrollo regional y la generación de empleo formal. En otras palabras, cuando se fortalece la vivienda, se fortalecen también los cimientos del crecimiento del país.

Durante los últimos años, el sector vivienda registró uno de los desempeños más débiles de las últimas dos décadas. La participación de la construcción de edificaciones en la economía nacional pasó de representar cerca del 4% del PIB en 2016 a apenas el 2% en 2025. La inversión en vivienda disminuyó significativamente, mientras las ventas de vivienda nueva cayeron cerca de un 45%, los lanzamientos de proyectos más de un 50% y las iniciaciones de obra alrededor de un 40%.

Detrás de estas cifras existen millones de familias que siguen esperando una oportunidad para acceder a una vivienda digna. Actualmente, Colombia cuenta con 11,2 millones de hogares que no son propietarios de vivienda. De ellos, cerca de 7,8 millones tienen ingresos inferiores a dos salarios mínimos. A esto se suma un déficit habitacional que afecta a 4,8 millones de hogares y una dinámica demográfica que cada año incorpora más de 230.000 nuevos hogares urbanos, mientras el país produce menos de 115.000 viviendas formales anualmente.

La brecha es evidente y exige una respuesta de largo plazo. Por esa razón, desde Camacol, junto con Asobancaria, Asocajas y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, construimos una propuesta integral de política habitacional orientada a recuperar la confianza, fortalecer las capacidades institucionales y generar herramientas que permitan ampliar el acceso a la vivienda formal para los colombianos de menores ingresos. 

Los subsidios siguen siendo una herramienta necesaria para miles de familias que, aun teniendo capacidad de pago, requieren un apoyo inicial para cerrar la brecha de acceso. Una nueva generación de programas, más eficiente, focalizada y articulada con las necesidades actuales del mercado, puede convertirse en un poderoso instrumento de inclusión social y dinamización económica.

No obstante, la vivienda no puede sostenerse únicamente sobre subsidios. El ahorro, el crédito, la financiación de largo plazo y la estabilidad regulatoria deben formar parte de la misma ecuación. Hoy, miles de hogares cuentan con recursos para una cuota inicial, pero encuentran barreras en el costo del financiamiento. Por ello resulta fundamental fortalecer mecanismos de ahorro, ampliar las coberturas a las tasas de interés y promover instrumentos que faciliten el acceso al crédito hipotecario.

Igualmente importante es la gestión del suelo y la modernización de los procesos que permiten desarrollar proyectos de vivienda. 

La estrategia también debe reconocer que las soluciones habitacionales son diversas. La construcción de vivienda nueva es fundamental, pero igualmente relevantes son la legalización de barrios, el mejoramiento de viviendas existentes, la renovación urbana y la atención del déficit en las zonas rurales, que continúa afectando a millones de hogares en distintas regiones del país. Cada territorio requiere herramientas adaptadas a sus realidades sociales, económicas y geográficas.

Además de reducir el déficit habitacional, permitiría dinamizar más de treinta actividades económicas relacionadas, impulsar la inversión privada, fortalecer las finanzas territoriales y generar cientos de miles de empleos formales cada año. También contribuiría a reducir la informalidad urbana y a consolidar ciudades más ordenadas, sostenibles e inclusivas.

La democracia ya cumplió una tarea fundamental al permitir que los ciudadanos expresaran su voluntad en las urnas. Ahora corresponde a todos los sectores —Gobierno, Congreso, regiones, sector privado y sociedad civil— trabajar conjuntamente para convertir la vivienda en una de las grandes prioridades nacionales.

Como lo anoté, es momento de recuperar la vivienda no solo en las grandes ciudades, sino en el campo y en todos los rincones del país. A esto debemos sumarle intervenciones de mejoramiento que, en conjunto, nos permitirán atender las necesidades de los hogares de forma integral. 

La vivienda debe entenderse como una política de Estado y no como una discusión coyuntural. Construir un país más próspero exige levantar estructuras sólidas sobre bases firmes. Y pocas bases son tan importantes como la posibilidad de que millones de familias accedan a una vivienda propia, segura y de calidad.