El primer semestre del año ha sido de mucha actividad para el sector y, para mí, la oportunidad de estar en contacto con las regiones y su gente, a través de visitas que siempre dejan temas para la reflexión. Por un lado, está lo que surge del trabajo con los gerentes de nuestras 19 oficinas en el país y, por otro, las inquietudes de las familias que esperan soluciones en materia de vivienda, específicamente del programa Mi Casa Ya (MCY).

El segundo escenario es el más complejo, porque las respuestas están atadas a las señales de la política de vivienda del Gobierno. A pesar de los esfuerzos en materia presupuestal que se están realizando, lo cierto es que los programas que promueven el acceso a la vivienda siguen rezagados respecto a las necesidades de miles hogares.

Las inquietudes que nos comparten las familias en las regiones coinciden: “Seguimos esperando el subsidio”, “nos cambiaron las reglas de juego con más trámites y el proceso no avanza …”. Estos hogares requieren explicaciones más allá de las cifras y estrategias, y soluciones a un problema que no existía.

Estamos hablando de colombianos de bajos recursos, la mayoría con ingresos de hasta dos salarios mínimos que iniciaron el proceso de compra hace un año o más, con toda la confianza que les había dado un programa exitoso desde el 2015. Sin embargo, se vieron obligados a surtir trámites adicionales, entre ellos, la encuesta Sisbén. Muchos, incluso, llevan esperando más de 10 meses la entrega de su vivienda, sin que a la fecha se resuelva su situación.

En este escenario, el Gobierno Nacional realizó una adición presupuestal de 1 billón de pesos a MCY con la cual esperan respaldar 75.000 subsidios a la cuota inicial este año. Este esfuerzo permitirá que cerca de 62 mil viviendas, que ya se encontraban terminadas con corte a julio, sean entregadas. Sin embargo, los cupos para nuevos hogares son limitados en comparación con la necesidad y no se ha resuelto el requerimiento presupuestal para las coberturas a la tasa de interés.

Sobre este último punto, vale la pena recordar que las familias beneficiarias de MCY tienen derecho a un subsidio a la cuota inicial y a una cobertura a la tasa del crédito que les permite pagar cuotas hipotecarias más bajas.

Ya vimos que el Gobierno se propuso desembolsar 75 mil subsidios de MCY en el 2023. Esto significa que deben estar presupuestados 75 mil subsidios a la cuota inicial y 75 mil subsidios a la tasa de interés. No obstante, solo se programaron 52 mil coberturas a la tasa de interés para la vigencia actual. Esto significa que hay, al menos, 23 mil hogares que no tienen asegurados los dos beneficios.

Reitero, la adición presupuestal era necesaria, pero solo permitirá poner al día, parcialmente, el programa. Esas viviendas ya están construidas, y, por lo tanto, las asignaciones no generarán nueva actividad en el sector, a menos que se garanticen recursos adicionales para mover la oferta. 

Por eso, coincidimos con el Gobierno en que un plan contracíclico respondería a las necesidades de miles de personas, y, de paso, permitiría revertir algunas variaciones registradas en lo corrido de 2023 con corte a julio, entre ellas, las ventas de vivienda social, que cayeron 55,6 %, y las iniciaciones, que disminuyeron 29,1 %.

Recordemos que, de acuerdo con el censo de edificaciones de Camacol, actualmente 107.339 viviendas sociales se encuentran en proyectos con más del 70 % de la oferta comercializada. Son unidades que pueden iniciar obra en el corto plazo e impulsar cerca de 200.000 empleos y la demanda de insumos. Por eso, estar al día con los hogares y sumarle un plan contracíclico con nuevos recursos para el sector sería la fórmula para la reactivación.