Presidente @PetroGustavo, el país necesita claridad técnica y legal en el debate sobre vivienda de interés social (VIS). Seamos claros: imponer control de precios a la VIS busca trasladar a la política de vivienda los efectos inflacionarios de un ajuste excesivo del salario mínimo. El control de precios no protege al comprador; reduce la oferta, encarece el mercado y pone en riesgo los subsidios y el acceso al crédito hipotecario. Los datos lo demuestran 

Bajo este Gobierno, el precio máximo de la VIS aumentó 76%, casi tres veces más que en gobiernos anteriores.

Que el costo laboral sea 20–25% no lo vuelve marginal. El aumento del SMLMV impacta no solo la mano de obra directa, sino también el precio de los materiales de construcción. En conjunto, estos componentes representan cerca del 70% del costo directo, por lo que los costos de nuevos proyectos podrían subir entre 10% y 15%, no 3%.

  Nadie ha dicho que el salario mínimo encarezca automáticamente en un 23% lo ya vendido. El riesgo es la oferta futura: frenar la construcción hoy implica menos vivienda mañana y, en consecuencia, más presión sobre los arriendos y la vivienda usada.

Hablemos de lo más grave: el proyecto de decreto de control de precios. Obligar a fijar el precio en pesos desde la separación y prohibir cualquier ajuste hasta la escrituración es control de precios, aunque se le intente dar otro nombre. Además, genera inseguridad jurídica, afectando decisiones de inversión. 

Decir que vender en salarios mínimos es ilegal es falso. La ley permite precios ciertos o determinables, y los topes VIS en SMLMV están definidos en su propio Plan Nacional de Desarrollo. Tope no es igual a precio. Prueba de ello es que más del 60% de la VIS se vende por debajo del tope.

En los últimos años, 55.000 hogares desistieron de comprar vivienda y más de 70.000 familias quedaron en el limbo tras la suspensión de Mi Casa Ya. Estas decisiones no protegen a las familias: las expulsan del mercado formal de vivienda. Desde CAMACOL insistimos en decisiones legales, técnicas y responsables que garanticen acceso real y sostenible a la vivienda, en lugar de medidas que reducen la oferta y profundizan la exclusión.