Bogotá, 22 de diciembre de 2025. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) expresa su rechazo a la declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno Nacional, al considerar que no se configuran las condiciones excepcionales previstas en la Constitución para la adopción de este tipo de medidas. 

La situación fiscal del país, aunque retadora, no obedece a un hecho sobreviniente, imprevisible o extraordinario, sino a circunstancias estructurales conocidas y debatidas. En ese sentido, el uso de un estado de excepción no resulta jurídicamente justificado y genera un precedente institucional que introduce incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas económicas. 

“La emergencia económica no puede utilizarse para reemplazar los mecanismos ordinarios de discusión y decisión fiscal. Colombia cuenta con herramientas legales suficientes para enfrentar sus desafíos sin recurrir a figuras excepcionales que afectan la confianza y la seguridad jurídica”, afirmó Guillermo Herrera, presidente de Camacol. 

El ordenamiento jurídico colombiano prevé mecanismos ordinarios claros para la gestión responsable del presupuesto público, incluyendo la reprogramación, aplazamiento y recorte del gasto, así como herramientas de disciplina fiscal orientadas a preservar la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Saltarse estos mecanismos afecta el equilibrio institucional y debilita la confianza en el marco normativo. 

Para el sector constructor esta decisión envía una señal negativa a la inversión, impacta la planeación de proyectos de vivienda e infraestructura y pone en riesgo el aporte al empleo formal y al crecimiento económico. La construcción ha sido históricamente un motor de desarrollo y reactivación, y requiere entornos de certidumbre y estabilidad institucional. 

Camacol hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes para tomar acciones urgentes que preserven el orden constitucional, fortalezcan los canales institucionales y prioricen soluciones estructurales y responsables, que contribuyan a la estabilidad económica del país sin debilitar la confianza de los ciudadanos y del sector productivo.