• Las acciones que impacten el ordenamiento territorial tienen que gestionarse en el marco de la Constitución y la ley, y las decisiones deben tomarse respetando competencias y el debido proceso. 

• El proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente deja en el limbo 360.000 unidades de vivienda, 65 % VIS; cifra equivalente a 6 años de oferta de vivienda nueva en la Sabana de Bogotá. 

• Los nuevos determinantes ambientales afectan 60 planes parciales y bloquea 2.983 hectáreas de suelo para la construcción de vivienda. 

Bogotá, 5 de marzo de 2025. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) expresó su respaldo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y a los más de 35 alcaldes municipales que se verían afectados con el proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente. Por eso, tras la presentación del proyecto envió una comunicación a la Procuraduría General de la Nación solicitando la vigilancia del proceso.

El gremio coincide en la importancia de que los procesos en los que se impacte el ordenamiento territorial se gestionen en el marco de la Constitución y la ley, y anota que las decisiones deben tomarse respetando competencias y el debido proceso, con la participación de todos los actores involucrados y con análisis técnicos e información de calidad sobre el territorio.

También apoya la preservación del medio ambiente; la construcción sostenible y formal es nuestra prioridad, y por eso insta al Gobierno nacional a que genere verdaderos espacios de diálogo que procuren un equilibrio entre el cuidado del ambiente y el crecimiento social y económico de los colombianos. 

Camacol expresa su profunda preocupación por la Resolución del Ministerio de Ambiente que impone restricciones ambientales sin un proceso participativo, afectando gravemente el desarrollo urbano y la calidad de vida de millones de ciudadanos. 

“La decisión del Ministerio de Ambiente deja en el limbo a miles de familias, proyectos de vivienda e infraestructura esenciales para Bogotá y más de 30 municipios. No solo genera incertidumbre jurídica y paraliza el desarrollo urbano, sino que también desconoce la autonomía territorial y el derecho de los ciudadanos a una ciudad planificada y sostenible. Desde Camacol respaldamos las acciones anunciadas por el alcalde Carlos Fernando Galán para defender el ordenamiento de la ciudad y garantizar el acceso a la vivienda y el bienestar de los bogotanos”, aseveró, Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol. 

De acuerdo al análisis realizado por Camacol Bogotá y Cundinamarca, el impacto de la resolución ambiental del Ministerio de Ambiente, pone en riesgo la construcción de 360.000 viviendas en Bogotá y la Sabana, al bloquear el desarrollo en 2.930 hectáreas, afectando directamente a miles de familias que buscan acceder a vivienda formal. La norma bloquea 60 planes parciales en casi 3.000 hectáreas de suelo urbanizable, impactando especialmente la Vivienda de Interés Social, que representa el 65% de estos proyectos. 

Esta resolución ha sido un proceso unilateral del Gobierno Nacional que no ha cumplido con los requerimientos legales. No hubo participación ciudadana ni concertación con las autoridades locales. 

El gremio exalta que las determinaciones ambientales deben garantizar la sostenibilidad sin vulnerar los derechos de la ciudadanía ni bloquear el desarrollo ordenado. Por ello, solicitamos el acompañamiento inmediato de la Procuraduría para salvaguardar los derechos de los bogotanos y cundinamarqueses, y garantizar la autonomía territorial en la planificación de la ciudad y la región