Camacol advierte que el aumento del salario mínimo podría incrementar hasta en 10% el precio de la vivienda

Bogotá D. C., 30 de diciembre de 2025. La Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL manifiesta su profunda preocupación frente al incremento del salario mínimo decretado de manera unilateral por el Gobierno Nacional para 2026, una decisión que carece de sustento técnico suficiente, rompe el principio de concertación social y genera riesgos significativos para el empleo formal, la estabilidad de precios y la asequibilidad de la vivienda en Colombia.

El aumento, claramente desalineado de la inflación y de la evolución de la productividad, introduce presiones inflacionarias adicionales en la economía, dado que el salario mínimo opera como variable de indexación para múltiples componentes: tarifas, servicios, sanciones, costos de seguridad social y salud y, de manera particularmente sensible, el precio de la vivienda de interés social (VIS).

En el sector de la construcción, intensivo en mano de obra, el impacto es inmediato. El incremento del salario mínimo eleva de forma directa los costos de construcción, tanto por el mayor valor de la mano de obra —que representa cerca del 25% de los costos directos— como por sus efectos indirectos sobre insumos, transporte y servicios asociados. De acuerdo con estimaciones preliminares de CAMACOL, este choque de costos podría generar un incremento cercano al 4% en los costos totales de construcción, presión que, inevitablemente, termina trasladándose al precio final de la vivienda, en un momento en el que el país requiere medidas que faciliten —y no restrinjan— el acceso de los hogares a una vivienda formal.

Adicionalmente, dado que el precio de la Vivienda de Interés Social está definido en salarios mínimos, este ajuste eleva automáticamente los precios máximos de la VIS, deteriorando su asequibilidad y expulsando del mercado a miles de hogares, en particular familias independientes, informales o con ingresos variables. De manera preliminar, el gremio estima que el impacto agregado en el precio de la vivienda podría acercarse al 10%, afectando directamente a los segmentos que estas políticas buscan proteger.

Desde una perspectiva laboral, el aumento del salario mínimo encarece la contratación formal y profundiza las tensiones del mercado de trabajo, en un país donde cerca del 55% de los ocupados se encuentra en la informalidad. Para estos trabajadores, esta decisión no se traduce en un beneficio real, pero sí en un mayor costo de vida.

“Es un buen eslogan, pero una mala política”, afirmó Guillermo Herrera, presidente de CAMACOL. “Mejorar el ingreso de quienes hoy están en el empleo formal no puede hacerse a costa de frenar la generación de nuevos empleos, presionar la inflación y encarecer la vivienda social. El resultado termina siendo más exclusión y menor bienestar”.

CAMACOL reitera que el salario mínimo no puede convertirse en el único instrumento de política social. La protección del ingreso y la reducción de la pobreza requieren una estrategia integral basada en crecimiento económico, aumento de la productividad, generación de empleo formal, transferencias focalizadas y políticas de vivienda que amplíen —y no restrinjan— el acceso de los hogares a una solución habitacional digna.