Entrevista con el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, quien considera importante incorporar criterios de construcción y urbanización sostenible enmarcados dentro de una visión integral del hábitat para configurar barrios diversos, vitales y resilientes.

En entrevista con Urbana, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, habló del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia potencia mundial de la vida”, del cual afirmó que “enfatiza el cambio en el relacionamiento con el ambiente y la transformación productiva en armonía con la naturaleza, el enfoque de la seguridad humana y la justicia social, sobre la base de mejorar las condiciones de vida de toda la población con enfoque de inclusión de poblaciones y territorios”. Igualmente, hizo referencia a la Política Nacional del Sistema de Ciudades y al Registro Social de Hogares, en el marco de la política de desarrollo urbano y vivienda.

¿Cómo armonizar el desarrollo urbano que requiere el país con los objetivos de sostenibilidad del Plan Nacional de Desarrollo (PND)?

La armonización de los objetivos del desarrollo urbano descansa sobre la base del ordenamiento territorial en torno al agua, donde la racionalización del uso de los recursos naturales y la transición a un uso intensivo de energías limpias se traslade a ciudades ordenadas, con sistemas de transporte sostenible y eficientes. En conjunción con lo anterior, en el PND se incluye la gestión del recurso hídrico, lo que implica que el desarrollo de las ciudades inicia en la protección de las fuentes de agua, su adecuado uso y aprovechamiento, así como la gestión de residuos sólidos y aguas residuales para mantener el ciclo que se requiere, con el fin de aprovisionar a la población de una fuente adecuada de agua.

Además, en las bases del PND 2022- 2026 “Colombia potencia mundial de la vida”, parte de la transformación “Transición energética justa, segura, confiable y eficiente”, tuvo en cuenta el catalizador de ciudades y hábitats resilientes que, entre otros retos, evidencia la necesidad de conformar hábitats próximos,
diversos, incluyentes y sostenibles. Lo anterior se orienta a que las ciudades colombianas mejoren sus condiciones ambientales mediante el mantenimiento, la recuperación, la administración y la generación de áreas verdes y espacios públicos de calidad, la renaturalización y la inclusión de parámetros de sostenibilidad
y adaptación al cambio climático.

En este punto, el sector de edificaciones juega un rol fundamental, con la incorporación de criterios de construcción y urbanización sostenible enmarcados dentro de una visión integral del hábitat, clave para lograr la configuración de barrios diversos, vitales y resilientes que permitan a los hogares tener calidad de vida con acceso a viviendas adecuadas, entornos vitales y soportes urbanos. Pero es claro que las dinámicas urbanas no se restringen a las divisiones político- administrativas de los municipios y distritos. En Colombia ya hemos avanzado enormemente en el marco legal (Ley 1625 de 2013, Régimen para las Áreas Metropolitanas), y aún tenemos un gran camino por recorrer.

En resumen, el desarrollo urbano sostenible se vincula al PND a través del ordenamiento del territorio, las estructuras de soporte a las funciones residenciales y económicas, la construcción sostenible y la gestión del recurso hídrico, como los principales elementos para tener en cuenta.

Desde la visión del DNP, ¿qué retos persisten en la planeación supramunicipal y qué estrategias se proponen para facilitar el proceso?

Si bien el país ha avanzado de manera significativa en la definición de normas e instrumentos para facilitar la planeación supramunicipal por parte de los esquemas asociativos territoriales, su aplicación y operación aún es limitada por el escaso reconocimiento y apropiación de los vínculos e interdependencias en el territorio, entendido como un continuo urbano rural; las rigideces en torno a las posibilidades de direccionar inversión en infraestructura con carácter interjurisdiccional; las limitantes administrativas relacionadas con bajas capacidades de los entes territoriales y la inexistencia y dificultad para formular planes de largo plazo con una escala metropolitana y regional.

A estas se suman la atomización de la inversión de recursos de regalías, que no aporta valor desde una perspectiva realmente estratégica; los escasos recursos y dientes para la acción, dado el incumplimiento en los aportes municipales, la falta de recursos y las escasas fuentes de financiación, así como las limitaciones asociadas a los marcos normativos que permitan la administración de los Esquemas Asociativos Territoriales (EAT).

Como respuesta a lo anterior, el PND, como ningún otro, introduce la geografía y el territorio como punto de partida y de llegada de las apuestas en torno al desarrollo del país. Esto implica ampliar la visión sobre el papel de los modelos de planeación y gestión supramunicipal, de tal modo que se fortalezca la asociatividad territorial para pasar de la coordinación intermunicipal a la acción regional a partir de proyectos con incidencia regional.

Vale destacar que la transformación “Ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental” propende por la generación de capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para la toma de decisiones de ordenamiento y planificación territorial. Además, la transformación “Convergencia regional” apunta al fortalecimiento de los modelos de desarrollo supramunicipales para la integración de territorios y, para ello, señala que es necesario establecer arreglos institucionales y acuerdos generales de planeación y gestión del desarrollo regional que permitan la definición, la implementación y el seguimiento de proyectos estratégicos, y robustecer las competencias y las funciones de los EAT y otras formas de coordinación y asociatividad supramunicipal.

El DNP lidera un proyecto de gran importancia para el sector: la Política Nacional para el Sistema de Ciudades. En este cuatrienio, ¿qué cambios se proponen para esta iniciativa? ¿Se modificarán las aglomeraciones existentes?

El plan incluye un eje transformador: la convergencia regional, entendida como un proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país. En lo relacionado con el desarrollo urbano, la convergencia supone el reto de promover el Sistema de Ciudades a partir de la interacción entre aglomeraciones, el fortalecimiento de los vínculos de estas con sus zonas rurales y, en general, de los que se pueden establecer a nivel inter e intrarregional. El actual Sistema de Ciudades, que clasifica 151 municipios entre 18 aglomeraciones urbanas y 38 ciudades uninodales, fue identificado a partir de la adopción del CONPES 3819 de 2014. Para su consolidación se plantean acciones en sostenibilidad, productividad, conectividad, calidad de vida y gobernanza, que, con corte al año 2022, registraron un avance de cumplimiento de 99,97 % de su plan de acción.

Ante el avance mencionado y los retos que se han definido para alcanzar la convergencia regional desde el desarrollo urbano, para el cuatrienio 2022 - 2026, el DNP está considerando dos acciones para el Sistema de Ciudades: la primera, actualizar la configuración del sistema a partir de la metodología original de umbrales de conmutación por motivo trabajo. De esto, se espera obtener aglomeraciones adicionales (si las hay) y reclasificaciones de ciudades uninodales a aglomeraciones o ciudades que no hacían parte de una aglomeración y que ahora cuentan con la evidencia para serlo.

En segundo lugar, la adopción de una política de convergencia que recoja los preceptos del CONPES 3819 de 2014, donde las aglomeraciones son las fuentes del crecimiento. Se parte de su visión sistémica y se fortalecen los vínculos territoriales entre aglomeraciones y al interior de estas. En este caso, se espera promover el sistema de ciudades en términos de competitividad y productividad, fortalecer modelos supramunicipales para el desarrollo de aglomeraciones y mejorar la captura y distribución de las rentas derivadas de la aglomeración en los municipios dentro de las aglomeraciones o los que guarden una relación funcional con estas.

Recientemente se ha hablado del Registro Social de Hogares. ¿Nos puede contar de qué se trata el registro? Adicionalmente, ¿qué planteamientos tiene el DNP para utilizar el registro en el contexto de la política de desarrollo urbano y vivienda?

El Registro Social de Hogares (RSH) es el sistema de información del Gobierno Nacional como respuesta a la necesidad de contar con información integrada y actualizada para el proceso de focalización del gasto social. Es el sistema de información de mayor alcance en el Sistema de Protección Social colombiano, incorporando instrumentos de focalización, registros de caracterización socioeconómica y registros de beneficiarios de programas sociales. Se construyó a partir de las mejoras continuas del Sisbén y de la normatividad relacionada a la focalización del gasto social en Colombia.

Este registro integra información sobre características socioeconómicas de los individuos y territorios, los registros de beneficiarios de oferta social y la información de identificación de los individuos. La integración de estas fuentes permite validar y actualizar la información socioeconómica de los hogares y hacer seguimiento de los beneficios entregados. Entre sus objetivos, además de mejorar la precisión de la focalización, se encuentran mejorar la articulación de la oferta en el sector social, hacer más eficiente la entrega de servicios sociales y aumentar la capacidad del sector social, brindando más herramientas para la planeación del desarrollo urbano y la vivienda.

Finalmente, es importante mencionar que desde el Plan Nacional de Desarrollo quedó establecido que con el Registro
Social de Hogares se generan las bases para transitar al Registro Universal de Ingresos.

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