• Incrementos en los costos asociados a la propiedad de la vivienda son un desincentivo a la inversión de los hogares y pueden incrementar los desistimientos.

• Con corte a septiembre de 2023 las ventas de vivienda vienen cayendo un -48% y los desistimientos crecen a una tasa del 89%. El segmento de vivienda de interés social es el más afectado con caídas den las ventas del 53% e incrementos en los desistimientos del 135%.

• Se requieren instrumentos que mejoren la capacidad de los municipios para financiar su desarrollo urbano sin generar impuestos adicionales a los hogares colombianos.

Bogotá 10 de noviembre de 2023. Frente al proyecto de Ley 292 de 2023, que cambia los límites de crecimiento del Impuesto Predial Unificado (IPU), Camacol considera que la propuesta puede generar incrementos en los costos asociados a los servicios de vivienda, en un escenario en el cual los hogares colombianos han visto deteriorada su capacidad de compra y el sector de la construcción presenta un deterioro severo en los principales indicadores.

El proyecto de ley plantea incrementos del impuesto predial de entre el 50% y el 300%, y de hasta el 100% en el segmento de vivienda de interés social (VIS). Respecto a la VIS, las ventas registraron una caída del 53% en lo corrido de 2023, lo cual implica que se han dejado de vender cerca de 73 mil viviendas de interés social frente a 2022.

La inflación, altas tasas de interés y los cambios en la política de vivienda han sido factores que han incidido en las caídas en las ventas y que a su vez han disparado las renuncias, afectando principalmente a los hogares de menores ingresos. Con corte a septiembre de 2023, cerca de 30 mil hogares han debido desistir al proceso de compra de vivienda y de estos 23 mil renunciaron a la compra de una VIS.

El derecho a la vivienda digna y asequible debe ser una prioridad para los gobiernos, de manera que instamos a que las medidas encaminadas a generar desarrollo en las regiones tengan en cuenta las necesidades y capacidades actuales de los hogares colombianos, cuya situación requiere medidas que incentiven y promuevan la generación de vivienda, y no que, por el contrario, generen mayores costos y barreras de acceso.

Es importante tener en cuenta que para 2023 los colombianos han dejado de invertir 17 billones de pesos en compra de vivienda nueva, y que los arrendamientos enfrentan importantes presiones que podrían ser mayores si se suman nuevos impuestos.