Los resultados de la ‘Evaluación del impacto del programa Mi Casa Ya’ destacan el aporte social a las condiciones de vida de los hogares beneficiarios, como complemento al acceso a la vivienda.

Revista Urbana habló con María del Pilar López Uribe, investigadora de la Universidad de los Andes, quien presentó los resultados de la Evaluación de impacto del programa Mi Casa Ya, que hizo la universidad con el liderazgo de Fabio Sánchez y la colaboración del Centro Nacional de Consultoría (CNC), a partir de 3.612 encuestas.

Además de reconocer la importancia de Mi Casa Ya, que impulsa la adquisición de vivienda a las personas que ganan hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), la investigadora también dejó sobre la mesa una serie de recomendaciones para fortalecerlo.

En el foro de Camacol, usted reconoció que Mi Casa Ya (MCY) es un programa líder. ¿Cuál es la clave para ampliar la cobertura?

Lo primero que hay que decir, reconociendo el impacto positivo del programa, es que el tema va más allá del acceso a la vivienda. Desde el 2017 hasta el 2021 el programa ha llegado a 309 municipios, equivalentes al 28% del total nacional. Sin embargo, hay mayor concentración de beneficiarios en 10, lo que nos obliga a evaluar si es un problema de oferta o demanda. Con esto claro se debería analizar, por ejemplo, la posibilidad de aumentar los incentivos donde la oferta es menor, y, de esa forma, hacer los ajustes requeridos a una iniciativa que ha dado buenos resultados.

La ayuda del programa hace que, en términos generales, los beneficiarios paguen una cuota más baja, y, por lo tanto, generen más ingresos. Incluso, aporta a disminuir el déficit cuantitativo, porque disminuyen fenómenos como la cohabitación y el hacinamiento. También hay efectos en el déficit cualitativo, entre otros relacionados con la disminución de la pobreza y la vulnerabilidad, entre los beneficiarios del programa. 

A pesar del impacto de MCY, que es in- negable, le evaluación recomienda fortalecer la información por parte de las entidades de crédito, ¿cuál fue el hallazgo?

Las entidades estatales y las de crédito deberían facilitar una información amplia y completa de los postulantes y de las familias habilitadas, porque encontramos que aún es limitada, lo que hace difícil el proceso. Por ejemplo, hay casos en los que no se puede establecer por qué fue negado un crédito, entre otras variables, y eso es susceptible de ajustes para mejorar; incluso, en aras de estar alineados con la tecnología, la digitalización debería ser una prioridad para atender esa necesidad de tener más y mejor información.

Aquí es importante resaltar un aparte de la evaluación sobre el acceso y el uso del sistema financiero, que, además de haber crecido, puede ser una forma de acceder a la información que se necesita.

¿Esto tiene relación con la focalización de MCY, que data de 2017?, ¿cuál es la sugerencia, producto de la evaluación?

Estoy convencida de que se le debe hacer un mejor uso al Sisbén. Por eso, los subsidios de vivienda deberían asignarse usando los grupos o puntos de corte del Sisbén 4; esto, con el fin de unificar los criterios que se usan para la asignación del beneficio, pues no siempre concuerdan con la información recopilada por el Estado.

Uno de los mensajes del Gobierno es que MCY, y, obviamente, el apoyo de los subsidios les permite a las familias dejar de ser arrendatarios y ser propietarios, ¿qué opina?

En Colombia tenemos una cultura de la propiedad muy arraigada y aunque hay quienes prefieren ser arrendatarios, lo cierto es que el apoyo de los subsidios hace que los beneficiarios del programa paguen una cuota más baja que los no beneficiarios que tienen la responsabilidad de un arriendo. Así las cosas, la evaluación ratificó que, al comparar la cuota de crédito con un alquiler, los primeros gastan menos en acceso a la vivienda, frente a quienes no son beneficiarios.

Otro dato clave: el efecto positivo de salir de extrema pobreza, y, con esto, las capacidades para generar empleo e ingreso, ¿cómo se explica esto?

Uno de los resultados de la evaluación está relacionada con el empleo, pues se evidenció que entre los beneficiarios es más alta la probabilidad de trabajar y para reforzar esta dinámica hay dos mecanismos de altísimo potencial: redes que faciliten el empleo formal, y, adicionalmente, el manejo de cuotas fijas al pagar la obligación de la vivienda, pues de esa forma crece la búsqueda de trabajo. Es algo importante, si tenemos en cuenta que más del 50% de las personas que laboran en el país es informal.

Algo que quiero resaltar es que el programa también está generando una recomposición de gastos al interior del hogar, al reducirse la fracción de recursos que se destinaban a la vivienda, aunque, claro, se aumentan en otros como transporte, educación, servicios públicos, salud...

En materia de género hay aspectos importantes, entre ellos, el empoderamiento de las mujeres que se han beneficiado con el programa, ¿podría citar algunos?

El aprovechamiento de MCY entre hombres y mujeres es muy similar, aunque hay casos de algunas variaciones. Por ejemplo, el impacto positivo sobre la probabilidad de tener acceso a algunos bienes es mayor entre las mujeres; además, hay un hallazgo interesante en el sentido de que los impactos en la formalidad y en los salarios son mayores en las mujeres beneficiarias del programa, que en los hombres beneficiarios.

Es importante destacar, por ejemplo, sobre el acceso a la formalidad, que en el primer año la probabilidad de que los hombres obtengan un trabajo formal aumenta 15% frente a 30% de las mujeres, mientras que en el segundo año esa variación es de 39% y 55%, respectivamente.

Y hay un tema interesante relacionado con la victimización: las mujeres beneficiarias de MCY dijeron tener una menor percepción de situaciones de acoso y físico y verbal en las viviendas y en el entorno donde están ubicadas, lo que, de paso, favorecería la productividad laboral, entre otros temas.

La evaluación también destaca el impacto sobre la inclusión financiera y evalúa las brechas de género…

Sí. Al hablar de género, un dato relevante está relacionado con ese tema, ya que las mujeres beneficiarias de MCY dijeron que usan más cuentas de ahorros (33,71%) y tarjetas de crédito (41,32%) en comparación con los hombres (0 % y 24,5%, respectivamente). Además, las mujeres represen- tan un porcentaje mayor de postulantes que los hombres; sin embargo, hay una brecha y la probabilidad que tienen las mujeres de lograr el acceso al subsidio es menor, a pesar de que hay más postulantes. Por eso, es clave que las entidades financieras implementen medidas correctivas para mejorar el perfil de riesgo.

Ante algunas barreras al acceso al crédito y al subsidio hay sugerencias ¿cuáles?

En estos casos es importante consolidar polí- ticas de gestión del riesgo segmentadas e incrementar los programas de garantías crediticias para mejorar el acceso. Y es que, según la evaluación, una proporción muy pequeña de los hogares habilitados, pero no beneficiarios, al final tuvieron acceso a un crédito hipotecario complementario; incluso, siguen destinando más ingresos para acceder a una vivienda a través del arriendo. De ahí, precisa- mente, la importancia del programa para romper esas barreras.

Las evidencias de los buenos resultados de MCY son un hecho y usted dijo que la continuidad del programa es clave. ¿Se suma a quiénes hacen ese llamado?

Es un hecho que el impacto del programa va más allá del acceso a la vivienda. Por eso, considero que su continuidad es importante, siempre y cuando se hagan ajustes en la focalización de los subsidios, por ejemplo, no por ingresos sino –insisto– teniendo en cuenta el Sisbén; además, es importante el aumento de la escala, con el fin de llegar a más municipios. Y, claro, se deben asegurar recursos y como ha sido la constante para sacar adelante esta iniciativa, construir sobre lo construido.