Page 48 - Revista Urbana 76

PROPUESTAS SECTORIALES

Acceso a la vivienda
Se afianzará la política de subsidios a la oferta, a través de proyectos
con las entidades territoriales, con los empresarios privados y con
organizaciones populares de vivienda. Los programas nacionales
buscarán diversificar los agentes del sector de la construcción, dando
apoyo prioritario a empresas medianas y pequeñas, que desarrollen
proyectos de mediana y pequeña escala, que favorezcan la mezcla
social y la inserción de la vivienda de interés social y prioritaria dentro
de los tejidos urbanos.
Los instrumentos de uso de bienes fiscales, mayor tributación a los
lotes de engorde y declaratoria de desarrollo, construcción y uso
prioritario y reajustes de terrenos serán fortalecidos y la asignación de
recursos nacionales para vivienda estará condicionado al uso de esos
instrumentos. Los porcentajes de suelo destinados a vivienda de interés
prioritario y social se establecerán de acuerdo con el crecimiento de los
hogares y sus condiciones socioeconómicas en cada centro urbano.
Se creará un fondo nacional para la financiación de programas de
mejoramiento integral de barrios, para sumar a los recursos municipa-
les, con el requisito de que incluya vivienda nueva y potencie las inver-
siones en mejoramiento.

Seguridad jurídica

El ordenamiento territorial debe superar la falsa dicotomía
rural-urbano, de manera que la sostenibilidad de las dinámicas
urbanas será evaluada y planeada teniendo en cuenta el
territorio en el que se ubican a distintas escalas.
Se evaluarán los instrumentos de integración regional y
se ajustarán para facilitar la conformación de catego-
rías y acuerdos de organización regionales. Mientras se
avanza hacia la formalización de estas figuras, se
establecerán mecanismos regionales de toma de deci-
siones de aspectos cruciales en los planes de ordenamien-
to sujeta a la aprobación consensuada de los gobiernos
municipales involucrados, particularmente en gestión del
agua, gestión del riesgo, manejo de residuos, suburbanización y
expansión urbana, a partir de información y diagnósticos integra-
dos que serán proporcionados por las gobernaciones. Este meca-
nismo se asumirá como un primer paso para crear escenarios de
consenso y de construcción de confianza en la gestión regional.
Se aplicarán a fondo los mecanismos constitucionales y legales
disponibles para intervenir en el mercado de la tierra urbana y para
mejorar las fuentes de financiación urbana con base en la movilización
de plusvalías, inclusive removiendo los obstáculos legales que han
impedido que presenten un mejor desempeño. Los gobiernos urbanos
deben mejorar su base fiscal, con base en este tipo de instrumentos de
financiación, obligaciones urbanísticas y sistemas de distribución
equitativa de cargas y beneficios, para financiar el mejoramiento de sus
infraestructuras, sobre todo las de movilidad, y para que los recursos
nacionales puedan dirigirse prioritariamente a la reconversión
productiva, a los programas sociales para superar desigualdades
estructurales y a cerrar las brechas urbano-rurales.